Hace cinco años se produjo uno de los accidentes aéreos más graves de las últimas décadas. El vuelo JKK5022 con destino Las Palmas se estrelló cuando intentaba despegar del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 154 personas fallecieron y 18 resultaron heridas, algunas con graves secuelas.
El dolor por las víctimas y el sufrimiento de sus familiares –en su mayoría miembros de la AVJK5022– sigue presente, porque a la pérdida de un ser querido se une la falta de respuestas y explicaciones claras sobre lo que ocurrió y sobre las medidas adoptadas para evitar que se repita.
Cinco años después de aquella tragedia no podemos afirmar que nuestra aviación sea más segura. Sí es verdad que han cambiado algunas cosas, pero no necesariamente para mejor.
Las malas prácticas presentes en la aviación no se han corregido. Las responsabilidades que debían derivarse de un siniestro tan grave no se han depurado. Las estructuras de inspección, supervisión y control de nuestra autoridad aeronáutica no se han reforzado. La presencia de pilotos en AESA con conocimiento profundo de la operación aérea sigue siendo una cuenta pendiente. El cambio del pleno de la CIAIAC fue un paso atrás que se hizo con criterio político, no técnico. El posterior anuncio de ampliación del pleno en tres nuevos miembros aún no se ha llevado a cabo. El resultado del Informe Técnico A-032/2008 fue decepcionante, pasando por alto muchos de los factores que contribuyeron al accidente. Muchas de las recomendaciones de ese informe aún no se han implementado. La causa penal se archivó para dejar sólo espacio a la vía civil. El Plan Estratégico de Seguridad Operacional es una medida cosmética que no cumple con su finalidad preventiva y proactiva…..
Únicamente el Real Decreto de asistencia a las víctimas y familiares de accidentes aéreos, compromiso que adquirió la Ministra de Fomento, Ana Pastor, con motivo del cuarto aniversario, es hoy una realidad que desarrolla un protocolo de coordinación tras un accidente y debe representar una mejora en las acciones de protección y asistencia desde distintos ámbitos.
Cinco años después del fatídico 20 de agosto de 2008, sólo cabe seguir trabajando para que la seguridad aérea sea siempre la máxima prioridad frente a cualquier otro criterio en favor de los usuarios del transporte aéreo, y para que un siniestro similar no vuelva a ocurrir.