Hace unos días se presentó en Madrid la Red de Víctimas Españolas (REVES) que aglutina a las víctimas de los accidentes de Spanair (2008), el tren Alvia (2013), metro de Valencia (2006), Yak-42 (2003) y la familia de José Couso (2003).

Miembros de la Red de Víctimas Españolas durante la presentación del Manifiesto

Sucesos distintos, pero con factores comunes. En todos ellos, las víctimas consideran que no se ha sabido toda la verdad, no se han depurado responsabilidades y no se han protegido suficientemente sus derechos, por eso, entre sus objetivos principales destacan el de garantizar y defender la seguridad de los ciudadanos y promover investigaciones eficientes y transparentes sobre las causas de lo ocurrido que eviten nuevas tragedias.

En su presentación, hicieron público un manifiesto con propuestas concretas, como la creación de un Consejo Nacional de Seguridad, que dependa directamente del Congreso de los Diputados, para que de manera independiente investigue las catástrofes con víctimas múltiples, dentro o fuera de España, con una complejidad especial.

Otras de sus exigencias son la inhabilitación para cargo público de los políticos que tengan responsabilidad política o jurídica sobre la tragedia o que se prohíban los indultos a los responsables sin el consentimiento de las víctimas.

Sus peticiones van más allá del ámbito nacional y proponen también la creación de una Oficina de Víctimas Europeas con sede en el Parlamento Europeo que apoye y respalde a cualquier ciudadano europeo que sufra una tragedia.

En definitiva, la unión hace la fuerza y las víctimas se han unido para reclamar justicia, prevención, seguridad y memoria. La conmoción que provoca en la sociedad una catástrofe, como un accidente aéreo o de otro medio de transporte, deja muchas secuelas entre los afectados que deben ser debidamente atendidas y reparadas. La Red de Víctimas Españolas ha puesto la primera piedra de lo que puede ser un replanteamiento necesario respecto a nuestra seguridad como usuarios del transporte.