Durante los pasados días hemos podido comprobar la crudeza del fuego en el primero de los grandes incendios forestales en Zaragoza con más de 13.000 hectáreas de la sierra de Luna arrasadas. En este y en muchos otros que se están produciendo durante estos días hemos visto ya actuar a profesionales que por tierra y aire luchan para evitar las consecuencias catastróficas de los incendios.

Helicóptero Kamov en labores de extinción. Foto: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Esta campaña se ha iniciado de forma desconcertante para un gran número de profesionales. Por un lado, las BRIF (Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales) fueron las primeras en alertar de la ausencia de helicópteros en algunas bases debido a un retraso en la adjudicación del servicio aéreo por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, por tanto, de su incapacidad para desplazarse a las zonas afectadas por el fuego. Este hecho, denunciado en junio, ha impedido su intervención en algunos incendios o el retraso en su llegada en situaciones críticas como han denunciado públicamente. La situación ha generado también gran incertidumbre en muchos pilotos, a la espera de su incorporación en alguna de las bases repartidas por la geografía nacional, aún por concretar en pleno mes de julio.

Para los profesionales del aire el inicio de campaña ha estado marcado también por esa incertidumbre. El 1 de junio entraba en vigor el Real Decreto 750/2015 que regula aspectos fundamentales de su actividad, una demanda histórica del sector tras años de una inaceptable siniestralidad. Sin embargo, esa normativa ha generado un problema para muchos copilotos, ya que no pueden anotarse sus horas de vuelo y acreditar así la experiencia necesaria en su trayectoria profesional. Es una grave situación para todo el sector ya que afecta al relevo generacional de una actividad altamente especializada.

La falta de previsión ha demostrado tener graves consecuencias no sólo para el ejercicio de los profesionales que se dedican a la lucha contra el fuego, sino también en la preservación de nuestro medio ambiente y la eficacia en la extinción. Todos tenemos la obligación y responsabilidad de hacer lo que esté en nuestra mano para prevenir y minimizar sus consecuencias, especialmente las Administraciones encargadas de velar por el bien común y la correcta gestión de los servicios públicos, en tiempo y forma. El fuego no entiende de concursos públicos, adjudicaciones ni recortes. Únicamente con los recursos humanos y materiales necesarios podremos hacerle frente.